los carga el diablo. Y del diablo, hasta la fecha, no se conocen buenas intenciones) los
salarios que perciben los trabajadores que rigen y administran el bien común, o sea los
políticos, no son lo suficientemente altos como para que estos puedan llevar un holgado
ritmo de vida sin necesidad de percibir otro tipo de prestaciones adicionales, nadie habría
que se dedicase al bello oficio de la política.
Eso dicen, los he oído, en serio lo dicen, los que declaran la imperiosa necesidad de
aumentar los salarios de los políticos. No para los funcionarios, naturalmente, sino para
los políticos. Estos defensores del uso abusivo del caudal público para la satisfacción de
los intereses de unos pocos son, como parece obvio pensar, políticos que se benefician,
se han beneficiado o se beneficiarán de estas subidas; es decir, golfos que golfean para sí
y para los suyos (mirad al señor Wert, que de ser el peor ministro de la historia de la
democracia española ha pasado a ser embajador en Francia, ya ves). Y a los que nos
oponemos e incluso nos indignamos ante una decisión tan despótica como miserable nos
acusan de populistas; ¡populistas!, como si la ética fuese demagogia.
Fácil resultaría recurrir al argumento usual de que estos incrementos salariales en una
situación social y económica como la actual de austeridad, precariedad condicionada y
miseria generalizada revela una alarmante falta de humanidad y, sobre todo y para más
inri, de vergüenza. Con la misma facilidad y desde el otro lado de la moneda se les llena
a ellos la boca con populismo, demagogia y palabros similares cuyo sentido varía en
función de quiénes sean las referencias a las que se quiere estar denotando. No es, por
ejemplo, populista jugar a engañar anunciando unas paupérrimas subidas en los salarios
o unas bajadas de impuestos igual de lamentables para ganar los votos de cuatro
ignorantes que todavía no se enteran muy bien de por dónde van los tiros; pero si lo es
denunciar el despilfarro que realizan, vueltos a la sociedad y sin reparo alguno, otros
cuatro hijos de la gran puta que se lucran con el dinero de todos, mostrando a reglón
seguido que si esas partidas de capital público fuesen destinadas a la sanidad, a la
educación o la cultura mejor le pintaría la cara a estepaís. No sé qué será eso del
populismo y la demagogia: su significado cambia en función de quién sea el que se
apodere de los conceptos. El poder domina sobre el lenguaje y el conocimiento.
Alegan también que sin buenos sueldos para la clase política nadie, excepto los más
pudientes, podría dedicarse a la tarea de la gestión y administración pública.
¡Claro, como
si no fuesen los ricos quienes ahora gobiernan! Ay que me pierdo... Y para rizar el rizo
usan como arma justificante el derecho de todo ciudadano a formar parte del aparato
institucional del Estado: todo ciudadano tiene legítimo derecho a entrar en política y
defender los intereses de su pueblo, aseguran. En no pocas ocasiones, conversando con
amigos y compañeros, he advertido sobre lo peligroso que resulta el individuo que
justifica una acción o peor aún una omisión de acción “porque se encuentra en derecho
de hacerlo”. Casi tanto como aquel lumbreras que te viene “con-la-verdad-por-delante”,
¡como si la verdad sirviese de escudo!
¿Acaso alguno de estos hipócritas abusadores del cuerpo democrático se ha parado a leer
la letra pequeña que acompaña a todo derecho ciudadano? Porque esa letra pequeña,
falsos aduladores de la democracia, es el deber que sigue, o debería de seguir, a todo
derecho.
Un ejemplo: todo hombre tiene derecho a expresar libremente su opinión (libertad de
expresión). De acuerdo; no seré yo quien venga a recortar libertades, que ya hay otros que
se encargan de ello a golpe de mordaza. Pero como bien dice Stuart Mill, padre del
liberalismo y de la libertad democrática (política), en su obra On liberty (invito a aquellos
que se hacen llamar demócratas, y sobre todo a la sucia camada de neoliberales que
campan a sus anchas por las vastas y delicadas tierras de la riqueza nacional devastándolo
todo con miseria y privatización y fingiéndose los dignos herederos del liberalismo
decimonónico, a leerla con atención), dado que la verdad no es una verdad absoluta que
el hombre pueda alcanzar mediante un esfuerzo racional, y dado también que el propio
hombre es un ser falible que puede errar en su juicio, es desde el consenso y el diálogo,
desde los pactos que muy pocos están dispuestos a aceptar, desde donde se construyen las
verdades (siempre humanas y relativas, nunca absolutas) que más tarde han de servir
como fundamento para el sistema de ideas de un país, una comunidad o una generación.
Por tanto, en la medida en que la opinión de cada ciudadano es necesaria para la
construcción de verdades que nos valgan para todos (como fundamento de ideas, valores
o leyes, fíjate tú cuán importante resultan), no sólo tiene el derecho de expresarla
libremente, sino también la obligación de hacerlo. Porque una verdad que no se dice es
una verdad muerta. Y una verdad muerta es una limitación de horizontes. Y una limitación
de horizontes es una supresión de posibilidades. Y una supresión de posibilidades es
pérdida de autenticidad de la existencia. Y [...]
Que no vengan entonces con el cuento de los derechos si no se han leído antes el de los
deberes y responsabilidades.
Con todo creo firmemente que a la política no debería poder acceder cualquier ciudadano
(poder para, tenerlo, lo tiene, otra cosa es que sea un poder legítimo. Y el hecho de que
sea legítimo tiene que ver con su adecuación al principio fundamental y supremo del
Derecho, que en poco se parece al derecho positivo). No se trata de un asunto de
limitación de derechos, como ya he dicho, sino de reclamación de responsabilidades.
Abriendo de par en par las puertas de la Casa Pública con unos bien hermosos sueldos
como reclamo no vamos a atraer más que a malos administradores que vendrán a dilatar
más todavía el nido de víboras en el que se ha ido convirtiendo el oficio de la política en
España y en Europa, hasta ese terrible momento en que ahí ya no quepa nadie. Y nos
echaremos las manos a la cabeza. Y nos convenceremos a nosotros mismos y al resto de
que no habíamos visto venir el problema. Y buscaremos culpables donde no los hay,
porque alguien tenía que pagar el pato. No debemos permitir la entrada en lo público a
golfos y rufianes que sólo pretenden, una vez allí, la satisfacción de sus propios intereses.
A eso yo le llamo intrusismo; y después del intrusismo vienen el amiguismo, el
clientelismo y muchos más ismos que son como virus para la salud de nuestro sistema
democrático, tan deteriorado; dale al lobo una oveja herida y pronto llamará a sus colegas
para disfrutar juntos del festín. Ya decía Heidegger que cuando la filosofía se tecnifica,
es decir, se pone al servicio de la técnica convertida en usura, en consumo del ente para
el aseguramiento de las existencias del propio hombre, sale el lenguaje (apresar conceptos
es apresar conocimiento) del ámbito de la verdad del ser (no dice la verdad del ser, la
verdad que al hombre le importa) y se divide ésta, la filosofía o el pensar el ser y la verdad
del ser, en una serie de ismos que luchan entre sí por su supremacía sobre el resto. Y el
dominio de uno de estos ismos significa el dominio de la opinión pública sobre el
lenguaje, constriñéndolo y sometiéndolo a sistemas de ideas que nada dicen acerca del
ser y del hombre.
No todo ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, ha de tener derecho a ostentar un cargo
público. Imaginemos que un defraudador o evasor fiscal entra en política; ¿debemos
esperar acaso a que este rufián reconozca su delito y prometa no volver a cometerlo? Y
con todas, ¿le creeríamos? ¿Debemos confiar en su buen hacer? Bien cierto es que ya nos
sabemos de algún personaje que ha seguido el camino contrario, y por eso que sabemos
también que ni locos de atar aceptaríamos ni permitiríamos fiarle dinero público (sabemos
aquí con total seguridad, aunque el conocer no pase de mera opinión).
Por tanto defiendo firmemente la idea de que subirles los sueldos a los políticos (me da
igual que sean municipales, provinciales, autonómicos o interestelares) y permitir que
cualquiera entre a formar parte del cuerpo institucional que dirige el país son los dos
errores que más caro nos pueden costar a largo plazo a todos los españoles. Es más, han
sido los dos errores que más caro nos están costando ya, desde hace más de treinta años
de democracia formal, a todos los españoles. Las consecuencias de todo este sinsentido
están a la vista de todos: tramas de corrupción que pudren por completo la estructura
interna de ciertos partidos políticos, golfería política y empresarial a más no poder,
encubrimiento y abuso policial, empobrecimiento social y enriquecimiento exponencial
de las pequeñas élites económicas, deterioro extremo de los mecanismos de defensa de la
sociedad civil como la justicia o la seguridad social y la destrucción, lenta pero constante,
del tejido democrático de un país que demasiados fantasmas carga ya en las alforjas como
para dejar al cuidado del orden material y moral a una pandilla de ladrones y
sinvergüenzas que da pena verlos. Y si seguimos por el mismo camino, más pobreza, más
corruptela y más ventajismos.
No son las subidas salariales la solución al problema político, pero mientras los
administradores públicos estén más ocupados en el aseguramiento de su propia economía,
los unos, en la limpieza apresurada de sus propios despachos, los otros, o en la
persecución de causas que sólo sirven como cortinas de humo para ocultar su poca
destreza dentro del ámbito de la política, los otros nuevos, seguirá siendo y se seguirá
vendiendo como la única alternativa posible para hacer de la actividad política una
actividad noble, justa y universal. Precisamente todo aquello que define a la política como
tal.
Señala Ortega y Gasset en La misión de la Universidad que la enfermedad radical de
España y del español, el gran mal que es causa y principio de todos los males que devastan
el territorio español y todas sus estructuras (políticas, morales, culturales...), la raíz del
problema más terrible al que se enfrenta la sociedad española, a saber, la alarmante
necesidad de reformar la institución universitaria y su forma de transmitir los
conocimientos y la institución del Estado y su forma de plantear y corregir los problemas
del país, es la chabacanería. Es éste uno de los conceptos más brillantes con los que me
he topado en los últimos meses, y es además aquel que resume todo lo que vengo
denunciando hasta ahora: el clientelismo, el despotismo, el amiguismo y la golfería de los
políticos españoles son prácticas y conductas que giran en torno al chabacanismo, centro
y origen de todas ellas. Y es raíz de todos ellos, dice Ortega, porque de lo alto a lo ínfimo
penetra toda nuestra existencia nacional, la anega, la dirige y la inspira; porque no hay
esfera de lo público ni relación social en España exenta de tratos chabacanos de favor o
que no se encuentre dominada por ellos.
Lo característico del comportamiento de nuestros políticos y precisamente lo que le hace
un comportamiento chabacano es la carencia total y absoluta de decoro, de dignidad, de
intención de ocultar la falta de ética. Y esta característica tan llamativa de la manera en
que se producen los saqueos a la hacienda pública los convierte en verdaderos crímenes
contra la decencia y el rigor del hombre español, que asiste a ellos como quien asiste al
zoo: sabiendo o creyendo saber que es una farsa, un paripé que se han montado para el
deleite del personal, y esperando con cierta incomodidad a que acabe pronto el
espectáculo. Y uno poco a poco se va acostumbrando a prácticas tales, incluso actúa
siguiendo sus mismas pautas de acción, haciendo que en España la chabacanería lo
impregne todo: desde el Estado y sus actos públicos, hasta la vida de familia y el gesto
del individuo.
Y dice también Ortega, para terminar con la exposición de su idea y la conexión con la
que aquí se presenta, que lo contrario de la conducta chabacana es el estar en forma; está
en forma quien sigue un duro entrenamiento diario, quien acepta el gobierno de sí
haciéndose con la autonomía de su ser que es la autonomía de su actuar, quien con buenas
dosis de disciplina, entrega, voluntad y esfuerzo se responsabiliza de su hacer y de su
pensar y no duda en mostrar orgulloso cuánta responsabilidad ostenta sobre los hombros.
Quien no se abandona nunca y no abandonándose a sí mismo no abandona tampoco a
aquellos que están bajo su responsabilidad. Quien es inteligente porque actúa con
inteligencia, quien es atento porque no se deja caer ante la indiferencia y el camino fácil
del intrusismo.
El chabacanismo, al fin y al cabo, llevado al extremo con la aceptación de esta serie de
medidas que sólo pretenden blindar a determinados cargos públicos, conduce a la pérdida
de valores, a la orfandad de la sociedad entera y, en último término, a la ruina absoluta
del Estado. La ruina absoluta del Estado es ruina económica o material para el que piensa
de forma chabacana, igual que la reforma chabacana del Estado sólo provoca más
chabacanería y más fuerte y por tanto más decadente. La ruina absoluta del Estado es la
ruina del que se deja llevar por la opinión pública, tan dogmatizada; es la ruina moral e
intelectual del hombre medio, a la cual sólo el que se sale de la masa en un ejercicio de
comprensión y aceptación del gobierno de sí: el intelectual o el hombre grande que vive
a la altura de su generación asumiendo el sistema de ideas vivas de su generación y
encabezando y sintetizando en su persona toda la episteme (cultura) de su momento,
puede hacerla frente. Y cuántos, cuántos años llevamos en España esperando la llegada
de los salvadores... que no salva-patrias, tan de moda ahora.
Los habrá que me digan: ¿es que quieres sueldos bajos para nuestros políticos?, ¿no
conoces quizás del duro trabajo que desempeñan? Evidentemente, sé o creo saber de lo
doloroso y complejo que resulta dedicarse al mantenimiento del bien público, de las
muchas horas y de los muchos desprecios que hay que tragar, de las enemistades que se
crean e incluso de los marrones que en ocasiones se deben afrontar. Lo sé, porque me
asomo a ello para conocerlo. Por eso que, de la misma forma que no acepto las excesivas
subidas de los sueldos de los políticos porque las considero tremendos abusos de poder,
tampoco milito la causa de los que piden unos sueldos paupérrimos. Porque si queremos
buenos administradores de la hacienda pública es necesario que éstos no deban
preocuparse demasiado por llegar vivos a final de mes, y sería contraproducente que
dedicasen una gran cantidad de su tiempo a otros oficios con que completar un salario
digno. Pero para mí el buen administrador de la hacienda pública es también un
administrador honrado, que sabe de los problemas de los suyos porque él también los ha
vivido. Y la experiencia me dice que quien vive muy por encima de las posibilidades de
los suyos vivirá también en una realidad que está muy por encima de la realidad de los
otros.
No quiero tampoco que los que entran en política abandonen de una vez y para siempre
sus oficios anteriores, sus verdaderas vocaciones o aquellas actividades a las que
comúnmente se dedican. No lo quiero porque la política no está ahí para ganar dinero y
vivir de ella, sino para vivir en ella y por ella; el político será político toda su vida, pero
debe ejercer como tal durante un breve periodo de tiempo, pongámosle doce años. De
este modo me declaro partidario de la limitación legal de los mandatos en la vida política
(activa, ya he dicho antes que el político vive como político por siempre) a dos o tres
legislaturas como máximo. Evitaríamos así el desgaste que todo hombre normal
experimenta cuando dedica muchos años de su vida a una única profesión, además del
apoderamiento de lo público por parte de unos pocos que de la noche a la mañana se
encuentran con la vida resuelta a costa del trabajo y del sacrificio de otros muchos.
Que no se abandonen los oficios vocacionales para los que uno se ha preparado durante
buena parte de su vida, porque precisamente eso conforma lo que uno es: el profesor de
Historia que entra en política no abandona nunca su vocación como profesor, y su ser
profesor es su verdadero ser porque es una existencia auténtica. El médico nunca dejará
de ser médico. Y el ginecólogo...
Por último y como resumen quisiera hacer mía una reflexión de un gran Juan Bonilla: una
vez que el político sale del ámbito activo de la política debería cumplir una condena en
prisión proporcional a los años que haya pasado ostentando cargos públicos. De este
modo sólo entraría a la política quien de veras tiene vocación para lo público,
ahorrándonos tanto tonto, golfo y chabacano.
Eduardo Gutiérrez Gutiérrez
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